En un nuevo artículo publicado en The Conversation, Laura Núñez examina cómo las crecientes dificultades para acceder a una vivienda en propiedad están transformando la relación entre vivienda, ahorro y seguridad económica a largo plazo de los hogares españoles.
Laura Núñez, directora del Observatorio de las Finanzas de los Hogares y las PYMEs y profesora de Finanzas en IE University, firma «De propietarios a inquilinos: ¿qué se ha perdido por el camino?», una contribución al debate actual sobre el acceso a la vivienda en España.
El artículo parte de una realidad cada vez más extendida: trabajar, ahorrar y planificar ya no garantiza el acceso a una vivienda en condiciones razonables. Esta dificultad no afecta únicamente al acceso a un hogar. Al reducir las posibilidades de adquirir una vivienda, también limita para muchas familias una vía tradicional de ahorro, acumulación de patrimonio y protección frente a los costes residenciales durante la jubilación.
Núñez pone el foco en una dimensión menos visible del debate: los incentivos fiscales a la propiedad y la eliminación, en 2013, de la deducción por la compra de vivienda para nuevas adquisiciones. La autora señala que la proporción de hogares españoles que residían en una vivienda propia pasó del 80,5 % en 2005 al 73,3 % veinte años después, aunque subraya que la deducción no fue el único factor detrás de esta evolución.
El artículo también analiza si la reforma alcanzó los resultados esperados. Según los datos examinados por Núñez, la eliminación del incentivo no coincidió con una moderación estructural de los precios fácilmente identificable. La evolución del patrimonio financiero de los hogares tampoco respalda con claridad la expectativa de que el ahorro antes destinado a la vivienda se trasladaría hacia productos financieros.
La autora incorpora además la evolución de la oferta residencial, marcada por una fuerte contracción de la construcción y una recuperación posterior limitada. En conjunto, estos elementos la llevan a plantear una reflexión más amplia: las políticas económicas deben evaluarse tanto por las distorsiones que generan como por los beneficios que aportan.
Al incorporar este análisis al debate público, el artículo contribuye al compromiso del Observatorio de acercar a la sociedad conocimiento financiero riguroso y relevante.