Píldoras de Compliance

Compliance en África: Ruta hacia el Compliance

Perspectiva en África

“Las leyes son normas, pero también son armas” (Eugenio d’Ors)

En 2003, se adoptó la Convención de la Unión Africana para combatir la Corrupción (AUCPCC por sus siglas en inglés) en el seno de la Unión Africana, que sirvió como mapa a los países miembros de cómo implementar medidas de gobernanza y anticorrupción.

A día de hoy, 44 de los 55 Estados Miembros han ratificado la Convención, pero todavía existen grandes dudas acerca de su implementación en la práctica.

Transparencia Internacional, en un Informe de 2020, evalúa el estado de implantación de la Convención en 10 países africanos (Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Marruecos, Mozambique, Nigeria, Ruanda, Sudáfrica y Túnez), en los ámbitos de la prevención del blanqueo de capitales, enriquecimiento ilícito y financiación de partidos políticos.

De acuerdo con el texto de la Convención, los Estados Miembros deben prever en su legislación la prohibición de delitos relacionados con la prevención del blanqueo de capitales o el enriquecimiento ilícito, así como promover un entorno y una manera de hacer negocios transparente para evitar la financiación de partidos políticos. Sin embargo, tal y como se desprende de la conclusiones del Informe, la mayoría de los países falla en el cumplimiento de estas leyes.

Resultados regionales Transparencia Kenia y la gestión del COVID-19 Internacional-Índice de Percepción de la Corrupción 2020 (puntuación sobre 100)

La puntuación media más alta (mayor transparencia) corresponde a la región de Europa Occidental y la Unión Europea, con una media de 66 puntos sobre 100. Las regiones que obtuvieron las puntuaciones medias más bajas (menor transparencia y mayor percepción de corrupción) son África Subsahariana (32) y Europa del Este y Asia Central (36).

Kenia y la gestión del COVID-19

Una investigación realizada por un periodista keniano reveló en 2020 un abuso de fondos destinados a la lucha contra la Covid-19, los cuales iban dirigidos a la adquisición y suministro de equipos de protección individual (EPIs) para trabajadores del sector sanitario.

Esta investigación puso en el centro de la polémica a la Agencia Estatal de Suministros Médicos de Kenia (KEMSA), por presuntas irregularidades en el proceso de contratación pública y gasto irregular de fondos públicos. En septiembre de 2020, la Comisión de Ética y Anticorrupción de Kenia (EACC) en un informe preliminar, considera probadas estas irregularidades.

Más recientemente, en junio de 2021, la EACC ha iniciado una investigación por irregularidades por parte del gobierno del condado de Nairobi en un proceso de licitación pública de suministro y entrega de alimentos y bienes de primera necesidad a personas afectadas por los efectos de la pandemia de Covid-19, cifrándose las presuntas irregularidades en más de 275 millones de chelines kenianos.

Fuente: Eversheds Sutherland