Píldoras de Compliance

Compliance en Brasil: Compliance como respuesta a los movimientos sociales

¿Cuál es la historia del Compliance en Brasil?

“Todos pedimos que se aplique la ley, y todos tratamos de eludir el cumplimiento de alguna” (Emile Chartier Alain)

En junio de 2013 se produjeron una serie de manifestaciones callejeras en todas las grandes y medianas ciudades de Brasil. Estas manifestaciones ponían el foco en el gasto derivado de la organización del Mundial de Fútbol de ese mismo año, mientras que la sanidad, educación y transporte público adolecía de falta de inversión, lo que se unía a una percepción generalizada de descrédito de las administraciones públicas y corrupción generalizada.

En agosto de 2013, la Presidenta de la República de Brasil firmó la Ley nº 12.846/12, más conocida como Ley Anticorrupción, la cual entró en vigor a finales de enero de 2014, con el objetivo de dar respuesta a las acusaciones de corrupción generalizada y casos de corrupción recientes relacionados con la organización del Mundial, así como crear una relación más transparente entre la Administración y las empresas que participen en procesos de licitación pública.

Esta Ley Anticorrupción hace responsable a las empresas por actos de corrupción (p.ej. tratos de favor a agente público, falseamiento de licitaciones y contratos con la administración pública), independientemente de las personas físicas involucradas.

Esta Ley contempla como atenuantes del delito de corrupción los siguientes:

(I) creación y aplicación de un sistema de compliance,
(II) celebración de acuerdos de indulgencia o clemencia (acuerdos entre la Administración Pública y una empresa o ciudadano, por el que se revela información o documentación para acabar con la acción ilícita, a pesar de que este acuerdo en materia de corrupción no otorga inmunidad penal o administrativa o conlleva obligaciones de confidencialidad).

Caso Telefónica

La Contratoría General de Brasil ha impuesto una multa de 45,7 millones de reales (unos 8,1 millones USD) a la filial brasileña de Telefónica por haber distribuido entradas de fútbol a agentes públicos para partidos de la Copa del Mundo de 2014.

La sanción fue publicada en el Diario Oficial y su valor corresponde a un 0,1% de la facturación bruta de Telefónica Brasil en el ejercicio 2018, filial de la multinacional española, y que opera en Brasil a través de la marca VIVO.

Telefónica Brasil manifestó que estas acciones formaban parte de una campaña de marketing y promoción institucional, señalando que se atenuó la sanción debido a su cooperación y al alto grado de madurez de su programa de cumplimiento normativo.

Caso Lava Jato

La operación “Lava Jato” fue iniciada en 2014 y ha tenido este nombre por un lavado de coches en Brasilia donde una de las organizaciones criminales blanqueaba dinero ilícito.

Esta operación permitió descubrir una red de corrupción generalizada, que involucra a la petrolera estatal de Brasil, Petrobrás, así como a funcionarios públicos y empresas constructoras del país.

La investigación llevó a la cárcel a Lula da Silva, provocando la elección de Jair Bolsonaro, así como la alteración del mapa político de la región, ya que provocó el encarcelamiento de los presidentes Alejandro Toledo (Perú), Ricardo Martinelli (Panamá) y Mauricio Funes (El Salvador).

Se han logrado casi 300 detenciones, 278 condenas y la recuperación de 4.300 millones de reales (aproximadamente 600 millones de euros) para el erario brasileño. Asimismo, la constructora brasileña Odebrecht, pagó una multa de 3.500 millones USD por el pago de mordidas de forma sistemática.

Fuente: Eversheds Sutherland