Jaime Sardina ganó el XII Premio José María Cervelló

Jaime Sardina Tortosa ha resultado ganador del XII Premio José María Cervelló de Derecho de los Negocios gracias a su trabajo sobre la ciberseguridad como deber deontológico del abogado: Una mirada al futuro de la profesión".

El galardón consiste en una dotación económica de 30.000 euros, donados por Ontier, para fomentar el estudio y la investigación jurídica, así como para facilitar el acceso a los programas LLM del IE Law School a personas que carecen de los recursos económicos necesarios. Concretamente,10.000 euros se entregan al ganador y 20.000 pasan a engrosar la bolsa de becas para facilitar la asistencia a programas jurídicos en la IE Law School a alumnos con talento pero con limitados medios materiales.

El premio se creó en honor a José María Cervelló, abogado del Estado y profesor del IE Law School, que fundó los programas jurídicos y dejó una importante huella por su calidad humana y carisma, algo que Pedro Rodero, socio director de Ontier España destacó. "Jose María Cervelló  transmitió una inquietud para ayudar a los demás, la importancia de los principios éticos y morales, el compromiso y la humildad. Nunca dejará de impresionarme el poder de un mensaje tan sencillo. Este premio es un homenaje a su ejemplo".

Adolfo Menéndez, counsel de Ontier y cotitular de la Cátedra José María Cervelló, resaltó "la importancia y los retos que los asuntos de la ciberseguridad representan hoy para nuestras sociedades en general y para los abogados en particular".

"Este premio es especial porque el tiene un impacto positivo en la vida de otras personas. Gracias a este premio 45 jóvenes juristas han podido desarrollar todo su potencial. Esa transcendencia en al vida de otros y en la sociedad hace que este premio sea tan especial para nosotros", aseguró Pedro Rodero.

En el acto participaron, entre otros, Pedro Rodero; Javier de Cendra, decano de IE Law School; Pilar Galeote, directora de la Cátedra José María Cervelló; Adolfo Menéndez, counsel de Ontier y cotitular de la Cátedra José María Cervelló; Francisco Pérez, Secretario General INCIBE y Pedro Argüelles, Presidente de Corporate Relations de IE University.

Sobre el estudio 

¿Cómo implantar la ciberseguridad como elemento destacado de la deontología del abogado? Es la pregunta que  Jaime Sardina intenta responder en su  estudio de investigación, que analiza el impacto de la ciberseguridad en los despachos de abogados. Lo primero que detectó es que la mayor parte de los despachos son vulnerables a los ciberataques.

“Hay un dato significativo y es que el 18% de las acciones de piratas informáticos contra intereses nacionales se dirigen contra el sector de servicios profesionales, donde se incluyen los letrados y sus despachos”.

Ese nuevo deber deontológico parte de la necesidad de proteger los activos del despacho así como, de forma indirecta, de los datos de terceros que el propio bufete maneja en su actividad profesional habitual. “La regulación deontológica ayudaría a aclarar en qué casos los despachos de abogados incurren en responsabilidad disciplinaria y en qué otros no, por haber tomado las medidas necesarias para ello”.

El momento para abrir el debate parece el adecuado porque no en vano muchos despachos están ya inmersos en esa transformación digital. En el trabajo de Sardina también se indica que España, “pese a ser la potencia 13 como economía del mundo a nivel del PIB ocupa el puesto 25 de Europa y el 54 del mundo en nivel de compromiso y desarrollo en materia de ciberseguridad. Está claro que debemos avanzar en este campo”.

A este respecto, el informe señala que, en lo que se refiere a los despachos de abogados, “resulta preocupante la falta de previsión normativa, toda vez que el sector de servicios profesionales es el más afectado por los ataques cibernéticos”.

Según Sardina, “esta falta del debido nivel de desarrollo que España debería tener en materia de ciberseguridad se ve reflejada en la normativa deontológica de sus Colegios de Abogados, donde las referencias a la necesaria actualización de sus colegiados en relación con las nuevas tecnologías que están transformando la profesión brillan por su ausencia”.

A este respecto, explica que “el abogado, por su especial actividad en la que trata muchos datos de clientes y posee información muy confidencial, es una profesión que debe ser especialmente muy cuidadosa.

También se recomienda a los abogados tomar medidas como la encriptación de documentos o usar una “nube privada” de Internet en vez de la pública, con el fin de aumentar la seguridad.

Cuando se habla de aplicar una norma nueva hay que hablar de formación. “Es fundamental que los Colegios de Abogados  trabajen para la concienciación de los abogados en este tema en concreto. Si uno no entiende lo que es la ciberseguridad, para qué es importante y cómo puede minimizar los efectos de un ciberataque, no desarrollará políticas estratégicas en su despacho”.

Asimismo, el estudio se refiere a que “como alternativa, o complemento, a la regulación deontológica, no es descartable la posibilidad de elaborar un código de conducta interno que aborde los distintos protocolos y actuaciones que deban adoptar los abogados de un despacho en materia de ciberseguridad”.

Esta posibilidad permitiría al despacho “adaptar su política de ciberseguridad a las necesidades y exigencias concretas que se deriven del perfil de sus clientes y del tipo de información que éstos le confíen al despacho”.