Cómo y por qué la tecnología está transformando el mundo del derecho

Desde hace tiempo, se viene utilizando cada vez con más asiduidad en el mundo jurídico el concepto de 'legaltech', término con el que originalmente se designaban dos vertientes. Por un lado, las empresas que desarrollan herramientas tecnológicas para facilitar a los prestadores de servicios jurídicos la gestión ordinaria de su actividad empresarial (incluyendo entre otros la contabilidad, la facturación o el procesamiento de documentos). Y por otro, aquellas empresas y herramientas que buscan automatizar tareas que forman parte de la propia asesoría jurídica, entre las que se incluyen: la digitalización y el procesamiento de grandes bases de datos jurídicos para su interpretación y estudio, la analítica predictiva o la modelización de posibles resultados de una operación legal con vistas a mejorar la calidad y eficiencia de la asesoría jurídica. Ambas dimensiones del 'legaltech' conllevan ventajas evidentes para los operadores que incorporen algunas de las herramientas disponibles a su actividad empresarial.

Este concepto se ha ido expandiendo con el tiempo para incluir no solo a las empresas que desarrollan herramientas tecnológicas para ayudar a los abogados sino también a las nuevas firmas proveedoras de servicios jurídicos, que se crean 'ex novo' con base fundamentalmente tecnológica, y en las que la mayoría de los empleados son ingenieros y científicos de datos. Esta nueva dimensión tiene dos objetivos: dar asesoría jurídica a clientes finales y prestar servicios de consultoría tecnológica a firmas 'tradicionales'. Estas firmas colaboran en algunos aspectos con las tradicionales, y compiten en otros.

El efecto del 'legaltech' en el ejercicio de la asesoría jurídica —tanto en el ámbito de la empresa como en el de las firmas de abogados— ha supuesto una generación mayor de competencia en el sector, con el consiguiente efecto positivo en la calidad de los servicios y en la reducción de los costes asociados. Si bien estos beneficios se han limitado en un principio a las grandes firmas y a algunas 'startups', dada la elevada complejidad y los costes asociados a la integración de las soluciones tecnológicas en la práctica jurídica. Asimismo, la progresiva reducción de los costes de desarrollo de tecnologías y la creciente familiaridad de los juristas con estas últimas han ido permitiendo que un número creciente de operadores acometan el desarrollo de nuevas herramientas tecnológicas para resolver todo tipo de problemas existentes en los sistemas legales, algunos ya antiguos y otros más novedosos.

La tecnología tiene el potencial tanto de acercar el ideal tradicional del derecho de garantizar el orden y la paz como de alejarlo aún más

Retos del 'legaltech'

Un primer reto que los emprendedores con base tecnológica se han propuesto resolver es el de las limitaciones en el acceso al sistema de Justicia de millones de personas en todo el mundo, dados los costes y la falta de conocimientos sobre el derecho. Así, iniciativas como el World Justice Project tienen como misión la promoción del acceso a la Justicia mediante el apoyo a iniciativas con base tecnológica a lo largo y ancho del mundo.

Un segundo reto tiene que ver con la posibilidad de redactar las normas de un ordenamiento jurídico en lenguajes de programación, de manera que se automatice su aplicación a casos concretos, generando ahorros de tiempo y dinero e incrementando la predictibilidad del sistema. Este es un objetivo de la disciplina conocida como Computational Legal Studies (CLS) que se originó en la Universidad de Stanford.

Un tercer reto, relacionado con el anterior, tiene que ver con la capacidad de determinar, predecir, 'ex ante', y de monitorizar después el comportamiento de los operadores jurídicos, tanto de naturaleza privada como pública, en su propia actividad, en las interacciones entre ellos y con el sistema legal en su conjunto. Un ejemplo es el trabajo de Dan Martin Katz y su equipo en la Universidad de Chicago-Kent, que ha hecho posible predecir con un elevado índice de acierto el sentido de las sentencias del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, basándose en un análisis de todas las decisiones del alto tribunal.

Los 'smart contracts' plantean ventajas en el ámbito público, como, por ejemplo, la posible reducción en el número de infracciones dentro del sistema

Un ejemplo aún más sofisticado tiene que ver con los esfuerzos actuales dirigidos a modelizar el comportamiento de sistemas legales en su conjunto, mediante la conceptualización de estos como sistemas adaptativos complejos, que permiten estudiarlos con herramientas procedentes de las llamadas ciencias de la complejidad. La modelización y automatización de las consecuencias derivadas de comportamientos futuros de los operadores en sus interacciones de mercado forma parte de los llamados 'smart contracts'. Este concepto plantea adicionalmente ventajas potenciales en el ámbito público ligadas, por ejemplo, a la posible reducción en el número de infracciones dentro del sistema. ¿Cómo? Gracias a la utilización de herramientas tecnológicas en el ámbito del ejercicio que tradicionalmente la policía lleva a cabo en las administraciones públicas. Otra ventaja similar se puede producir a través de la posible modelización de conflictos futuros entre particulares con vistas a encontrar soluciones preventivas que minimicen los costes derivados de posibles litigios.

Un cuarto reto, relacionado con el anterior, es el de tratar de modelar, 'ex ante', un sistema normativo en su conjunto, así como en su interacción con otros sistemas normativos, a nivel global, regional o local. La creciente complejidad de marcos jurídicos y regulatorios a nivel global para conseguir metas ambiciosas como las ligadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU provoca que la capacidad de modelizar las interacciones entre ordenamientos (a todas las escalas), cuyo fin es medir su impacto sobre dichos objetivos, adquiera un gran interés. Este tema es un recurrente en conferencias sobre CLS en todo el mundo.

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